Algunas ideas para "Debates conceptuales sobre el Gobierno Abierto"

@SilvanavF

Preparando algunas líneas para el panel sobre debates conceptuales en torno a gobierno abierto, decidí dejarlas por escrito (no solo como un ejercicio de reflexión sino también para poder facilitar comentarios y sugerencias).

A pesar de que existe un cierto consenso sobre el concepto de "gobierno abierto", no se cuenta con una definición unívoca. A grandes rasgos, se define por los elementos que la componen pero no hay una definición acabada como en otras áreas. Se puede decir que, en líneas generales, el concepto hace referencia a la idea de que los gobiernos deben estar abiertos al escrutinio público y, por lo tanto, los ciudadanos tienen el derecho de acceder a todos los recursos necesarios para demandar rendición de cuentas por sus acciones, junto a la posibilidad de participar en el diseño e implementación de políticas públicas.

La noción de “gobierno abierto”, si bien se tornó muy popular en la ultima década, no es un concepto nuevo. Sin necesidad de remontarnos a las "Consideraciones sobre el Gobierno de Polonia" de Rousseau y la promulgación de la primera ley de acceso a la información adoptada por el Parlamento sueco en 1766, se puede decir que el concepto se encuentra en numerosos documentos, mayormente gubernamentales, desde mediados del XX. Algunos ejemplos son las menciones a la idea de gobierno abierto a fines de los 50’ en debates en torno a la sanción de la ley de acceso a la información (1966) en US. el Informe Danks en Nueva Zelanda en 1980 y el White Paper de 1993 del Gobierno de UK: "Gobierno Abierto", entre otros.

A comienzos del siglo XXI, la OCDE definió a los gobiernos abiertos como aquellos que están dispuestos a escuchar a los ciudadanos y tomar sus sugerencias a la hora de diseñar e implementar políticas (OECD 2003). Este resurgimiento vino de la mano de la tecnología como herramienta que permite colaborar en la producción y publicación de información así como también la comunicación entre gobierno y sociedad. Junto a ello el lanzamiento de OGP (Open Government Partnership) y la popularidad que atrajo, ayudaron a que este concepto estuviera en boca de todos en los últimos años.

Hasta comienzos del siglo XXI, la idea de apertura y transparencia se utilizaban, sobre todo en documentos gubernamentales, como sinónimos. Cuando el concepto se populariza en los primeros años del este nuevo siglo, se comienza a entender que apertura y transparencia no son sinónimos, aunque la transparencia es una condición sine qua non para la apertura efectiva de cualquier gobierno. Varias son los acepciones en torno a las diferencias entre transparencia y apertura pero, personalmente, entiendo que la idea de apertura, en este contexto, implica la posibilidad de acción, a diferencia del concepto de transparencia. En el caso de un gobierno transparente la información es transferida unidireccionalmente mientras que con la apertura se presume el establecimiento de un dialogo, es por ello que se suma como pilares a la participación y colaboración (Orszag 2009).

La producción de literatura académica en relación a la noción de gobierno abierto frecuentemente se encuentra asociada, aunque no exclusivamente, con lo analizado en torno a la transparencia y, en particular, en relación a dos elementos clave: acceso a la información publica y datos abiertos gubernamentales. El concepto de datos abiertos es, aunque ya no tan frecuentemente, en algunos casos, confundido con la noción de gobierno abierto  (Yu y Robinson 2012). Afortunadamente cada vez es menor el número de menciones a datos abiertos como sinónimo de gobierno abierto, aunque, de todos modos, todavía se encuentran algunas.

Esta confusión entre datos abiertos y gobierno abierto viene de la mano con el auge que ha tomado el concepto de apertura de la mano de la tecnología. Las TICs han facilitado la participación y la colaboración, mencionadas anteriormente. La disponibilidad de nuevas herramientas de interacción y comunicación han permitido el acceso a la información, así como también ha facilitado la colaboración con los gobiernos con solo prender una computadora o teléfono. Es por ello que, en parte, el auge de las políticas de datos abiertos, junto con los desarrollos de la tecnología con fines cívicos, han producido confusión y mezcla de conceptos, aunque, por otro lado, ha permitido la difusión de esos conceptos hacia actores que anteriormente no se encontraban trabajando en ideas como  transparencia y rendición de cuentas.

Esta noción de datos abiertos esta frecuentemente asociada con la idea de acceso a la información pública (AIP) que le antecedió en términos de políticas publicas y legislación. La regulaciones que permiten el acceso a la información pública ha suscitado un gran interés en las últimas tres décadas entre los académicos (Stubbs 2012 p.42). La velocidad y el enfoque de la literatura en este tema ha seguido, en gran medida, los patrones de adopción de la legislación en la materia. Ambos comenzaron a un ritmo lento y, con los años, el número de leyes así como el volumen de los estudios se han incrementado desde mediados de la primera década del siglo XXI.  Es así que la aceleración en el número de académicos que han abordado el tema y la diversidad de enfoques presentan una correlación en el proceso de difusión de la legislación de AIP (Darch y Underwood 2010, Michener 2010, Berliner 2012, Stubbs 2012, Berliner 2014).

La difusión geográfica de la legislación de AIP en todo el mundo tiene su correlato en el desarrollo de la literatura sobre el tema. Muchos estudios de caso de los primeros países en adoptar este tipo de leyes durante el siglo XX se centran en el desarrollo de estas ideas en las democracias consolidadas entre los años 1960 y mediados de la década de 1990 (por ejemplo, Estados Unidos, Canadá , Australia y Nueva Zelanda) junto con un pequeño numero de trabajos comparativos entre los países que conformaban ese universo.

Durante los 90’ el AIP, que hasta el momento había sido un área predominantemente impulsada por factores domésticos, irrumpe en la agenda internacional. La explosión del tema a nivel mundial, que comúnmente se conoce como el "período de oro" para las organizaciones que trabajan en AIP, tuvo su correlato en la literatura sobre el tema. Los estudios, a veces impulsados ​​por “advocates” de sociedad civil, comienzan a centrarse en la necesidad de establecer estándares internacionales en la materia, y en el área de transparencia gubernamental en general (Artículo 19 1999, Coronel 2001, Mendel 2003, Neuman 2004 Kranenborg y Voermans de 2005, Banisar 2006).

Para el año 2010, más de 90 países habían aprobado leyes de AIP (mas de 100 en la actualidad) y, junto con esa difusión legislativa, una nueva ola de estudios son producidos. Estos estudios no solo cubren un área geográfica mucho mas amplia sino que también se diversifican los enfoques sobre el tema, mas allá del marco legislativo que había dominado el área hasta entonces. Esto fue posible porque autores como Roberts (1998 p.9) y Snell (2001 p.26) habían comenzado a marcar el camino hacia la ampliación del campo de AIP y la inclusión de análisis relacionados con  cuestiones de implementación y cumplimiento años antes.

A pesar de que la mayor parte de la literatura sobre AIP todavía está fuertemente influenciada por un enfoque legalista, los estudios mas recientes incluyen análisis del contexto social y político como un requisito necesario para comprender la lógica de la promulgación e implementación de esta leyes (Darch y Underwood 2010, Hazell y Worthy 2010, Berliner 2011, Stubbs 2012). Todos estos autores abren nuevas líneas de análisis y proponen futuras líneas de investigación. Esta nueva generación de académicos comenzaron a incorporar mayores niveles de diversidad en su relato de la difusión de las leyes de AIP.

Por otra parte, en términos de la literatura sobre datos abiertos gubernamentales (OGD, por sus siglas en ingles), se pueden observar varias similitudes y algunas diferencias clave en comparación con la producción académica en el área de AIP.  Por ejemplo, al igual que en la literatura sobre AIP, los primeros informes sobre OGD proporcionan un visión bastante “naive” y optimista (Maali et al. 2010. DiFranzo et al. 2011, Hoxha y Brahaj de 2011, Villazón-terraza y col. 2011, Wang et al., 2011), pero carecen de un análisis sobre las barreras y riesgos sobre su divulgación y uso (Jansenn et al. 2012). Esto se relaciona en gran medida al trabajo de muchos “ “evangelistas” en ambas áreas (AIP y OGD). Para que esta disciplina avance se requiere hacer hincapié en los beneficios y el valor del acceso, en el caso de AIP, y el uso, en el caso de la OGD desde sus inicios.

Asimismo, se observan mas similitudes entre las primeras etapas de la literatura sobre AIP y los primeros informes sobre OGD, ya que la mayoría de los primeros estudios sobre OGD se centraban en casos de países desarrollados, aunque con una variedad de enfoques mas amplia que los observados en AIP. Algunos trabajos se han realizado en la UE, centrándose en la relación entre datos abiertos y la Directiva PSI (Sheridan y Tennison 2010, Kalampokis et al. 2011, Bates 2012) y en la implementación de estas políticas y su posible impacto (Janssen 2011, de Chiara 2013) en tanto que otros trabajos se centran en el contexto económico y político subyacente (Ubaldi 2013).

A pesar de que en una primera etapa muchos de los estudios se centraron en países desarrollados, la evolución hacia otras zonas geográficas no tardo en llegar con informes sobre el portal de datos en Kenya (Rahemtulla et al. 2012), otros análisis centrados en una variedad de países de América Latina (Fumega y Scrollini 2014, Fumega 2014, Scrollini 2014, González-Zapata y Heeks 2015), así como informes sobre Filipinas (Canares 2014) e India (Agrawal et al. 2013, Srivastava et al. 2014). Este expansión se debe, en parte, a la iniciativa de investigación liderada por la Web Foundation y financiada por IDRC (Davies 2014). La actual Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos (ILDA) también ha contribuido a estos nuevos enfoques en la literatura sobre OGD. ILDA ha proporcionado una primera aproximación de los diferentes aspectos y sectores relacionados con OGD: datos abiertos en los gobiernos locales (Bonina 2015), Parlamentos (Belbis 2015), Datos Abiertos y Educación (Khelladi 2015) y Datos Abiertos y Salud (Pane et al. 2015).

Para no extenderme mas (ya he escrito mas que suficiente para un post) todos estos estudios recientes demuestran claramente el rápido ritmo en el que el campo de estudio sobre OGD se está moviendo. En ese sentido, la literatura sobre OGD, así como la difusión de las políticas, debido a la rápida evolución de las TICs, se ha movido por etapas similares a las investigaciones de AIP pero a un ritmo mucho más rápido. Mientras que en el campo de AIP la evolución desde un enfoque domestico hacia el ámbito internacional requirió décadas, en el campo de la OGD un proceso similar ha tardado sólo unos pocos años. Esto conduce a una superposición de etapas en el área de OGD en un corto período de tiempo. Es por todo ello que la literatura sobre datos abiertos se encuentra en una etapa similar a la de AIP (los estudios están empezando a centrarse no sólo en las definiciones y modelos para comprender mejor estas políticas en el mundo desarrollado, sino también explorar el contexto y los resultados en el mundo en desarrollo), a pesar de que OGD es un campo de reciente desarrollo.

Es necesario, en este contexto, mencionar que en ambos casos el estudio sobre las organizaciones de sociedad civil que promueven ambas áreas ha sido descuidado. En ambos campos se reconoce, superficialmente, el rol clave que cumplen las organizaciones de sociedad civil en la promoción de estas agendas pero hasta recientemente, no se ha profundizado en estos actores. Menciono este punto ya que ilustra la desconexión entre el análisis y la practica en ambas áreas. Esta desconexión se traduce en el concepto mas general de gobierno abierto. En todas estas áreas la practica y el análisis no suelen ir de la mano, en parte por que el desarrollo de iniciativas y los tiempos académicos no suelen acoplarse muy fácilmente.

Salvo contadas excepciones, las iniciativas en ambas áreas no son retroalimentadas en la manera que deberían hacerlo. El circulo de retroalimentación entre iniciativas/políticas y análisis/investigación raramente puede encontrarse en estas áreas. El desafío es, mas allá de las mejoras conceptuales y de medición (ambas relacionadas entre si ya que es difícil medir algo sobre lo que no se tiene precisión conceptual), para nombrar algunos ejemplos, que los centros de investigación (dentro y fuera de universidades) puedan conectarse con organizaciones que están implementando proyectos en la materia. Si no trabajamos para comenzar a cerrar ese gap los beneficios del análisis académico quedarán para lectura ocasional de unos pocos (que producen post larguísimos y, por momentos aburridos, como éste) y los proyectos seguirán centrándose en las urgencias de la coyuntura y las demandas de donantes y otros actores con poder sobre los que los diseñan y ponen en práctica. 

The Fight Against Corruption in Latin America Requires Greater Ambition/ La lucha contra la corrupción requiere de una mayor ambición

@SilvanavF

Links to the original version:

http://www.opengovpartnership.org/blog/ogp-webmaster/2016/06/01/la-lucha-contra-la-corrupci%C3%B3n-en-am%C3%A9rica-latina-requiere-de-una-mayor (Spanish)

http://www.opengovpartnership.org/blog/ogp-webmaster/2016/06/01/fight-against-corruption-latin-america-requires-greater-ambition (English) 

Spanish version below

The Open Government Partnership (OGP) Regional Meeting comes at a tense political moment in the region. A variety of “scandals” – mostly linked to a lack of public ethics, accountability and/or to corruption – have occupied the news in recent months (these are well known and I will not mention them here). In this context, many voices have been raised to deride the quality of democracy in some Latin American countries. In this connection, one can see positive and not-so-positive points…

The good news is that, even if in many cases the democratic regimes are still young, the underlying values of these regimes have been largely established as the only available option for Latin America. Latin American societies no longer call for solutions that would overstep the bounds or go beyond the channels established by democratic institutions. Moreover, the large debts of the governments of the region cannot be underestimated.

The “not-so-positive” news is that, while the region has taken and continues to take great strides forward in terms of transparency, corruption levels (or, more exactly, people’s perceptions of corruption levels) have not declined, quite the opposite. For a long time greater levels of transparency have been associated with lower levels of corruption. But greater transparency, although clearly needed, is not enough. The classic differentiation made by Fox (2007) between ‘opaque’ and ‘clear’ transparency and between ‘weak’ and ‘strong’ accountability helps us to understand why, in the fight against corruption, access to information about government actions is necessary but not sufficient.

Transparency makes clear reference to access to reliable information about institutional activity, with specifications about the responsibilities of officials as well as the use of public funds. However, ‘clear transparency’ on its own does not guarantee ‘strong accountability.’ The latter implies not only ‘answerability’ (responsibility) but also the possibility of the application of effective sanctions when necessary (Fox, 2007).

Following this brief explanation it is obvious that, in the fight against corruption, it is necessary to have both clear transparency and also strong accountability (responsibility + sanctions). In Fox’s terms, answerability should not be expected to come out of opaque transparency, just as strong accountability should not be expected from answerability. For this reason, in order to go from transparency to strong accountability (indispensable for bringing about changes in behavior and, in this way, for being able to fight corruption) it is necessary to have a clear regulatory system, an independent judiciary and a strong civil society that demands accountability for all government actions.

In this context, many of the commitments included in OGP National Action Plans (NAPs) relate to the need to have more information (and, of course, data) about the activities of governments – that is to say, greater transparency. But, if this increased transparency is not accompanied by deeper changes it will not ultimately curb impunity, which results in the failure of so many measures that on paper would seem to contribute to less-corrupt societies. Among others things, some of these changes should be related to achieving judiciaries (in reality, members of judiciaries) that are truly independent as well as to creating institutional mechanisms that guarantee administrative and/or judicial sanctions (depending on the case).

Lastly, it is also necessary to highlight the need for there to be organized and engaged civil society actors willing to demand accountability from their leaders. In many cases, these organizations have the necessary expertise to monitor government actions that to ordinary citizens might appear very technical and complex.

Commitments in the Americas related to anti-corruption and their potential impact (Source: OGP Explorer)

In conclusion, there are no magic formulas. There are many elements and actors needed to implement measures that will be effective in reducing the high levels of corruption in many countries in the region. OGP, which recently created an Anti-Corruption Working Group, provides an ideal platform for including a wide range of actors from diverse fields. But the incorporation of these actors (which in many cases are already collaborating) is only the first step. More ambitious commitments must be pursued – commitments which will lead to real change. Without this, we will only see partial, isolated improvements. It is a question of all of us, each from our own country and social sector, promoting and striving to achieve effective changes that will improve the quality of life of all Latin Americans.

References:

Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. Development in Practice, 17 (4-5), 663-671.

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El encuentro regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) llega en un momento agitado, en términos políticos, en la región. Una gran variedad de “escándalos” -mayormente ligados a temas de falta de ética pública, rendición de cuentas y/o por corrupción- poblaron las noticias regionales en los últimos meses (no las voy a repetir aquí porque son de público conocimiento). En este contexto, muchas voces se han alzado para denostar la calidad democrática en varios países de América Latina. En relación a este punto se pueden observar un punto positivo y otro no tanto….

La noticia positiva es que, si bien en muchos casos los regímenes democráticos son todavía jóvenes, los valores subyacentes a esos regímenes se han establecido mayormente como la única opción disponible para América Latina. Las sociedades ya no se encuentran reclamando soluciones que puedan traspasar los canales proporcionados por las instituciones democráticas. De todos modos, las grandes deudas de los gobiernos de la región no pueden subestimarse.

La parte “no tan positiva” es que la región ha dado, y sigue dando, grandes pasos en términos de transparencia y, a pesar de ello, los niveles de corrupción (o mejor, dicho de percepción de la corrupción) no hay disminuidos, sino todo lo contrario. Por mucho tiempo se han asociado a mayores niveles de transparencia con menores niveles de corrupción. Empero mayor transparencia, si bien necesaria, no es condición suficiente. La clásica diferenciación de Fox (2007) entre transparencia opaca/clara y rendición de cuentas débil/fuerte siempre nos ayuda a comprender los motivos por el cual el acceso a la información sobre los actos gubernamentales es necesaria pero no suficiente para la lucha contra la corrupción.

La transparencia clara hace referencia al acceso a información confiable sobre el desempeño institucional, con especificaciones sobre las responsabilidades de los funcionarios, así como el destino de los fondos públicos. Sin embargo, la transparencia clara por sí misma no garantiza la rendición de cuentas fuerte. Esta última incluye no solo “answerability” (responsabilidad) sino también la posibilidad de que se apliquen sanciones efectivas, cuando sea necesario (Fox, 2007).

Luego de esta breve explicación es claro que, en la lucha contra la corrupción, es necesario contar con transparencia clara pero también rendición de cuentas fuerte (responsabilidad + sanciones). En términos de Fox (2007), no se debe esperar “answerability” de la transparencia opaca, así como tampoco se debe esperar una rendición de cuentas fuerte de la “answerability”. Es por ello que para poder pasar de la transparencia a la rendición de cuentas fuerte (indispensable para producir cambios en las conductas y, de esa manera, poder luchar contra la corrupción) es necesario tener un sistema regulatorio claro, un poder judicial independiente y una sociedad civil fuerte que demande rendición de cuentas de los actos de gobierno.

En este contexto, muchos de los compromisos incluidos en los Planes de Acción Nacionales (PANs) de AGA se relacionan con la necesidad de contar con mayor información (y datos, por supuesto) acerca del accionar de los gobiernos, es decir mayor transparencia. Pero, si esa mayor transparencia no se asocia a cambios mas profundos no se llegará a reducir la impunidad, que conduce al fracaso a tantas medidas que, en el papel, parecerían contribuir con sociedad menos corruptas. Algunos de esos cambios deben estar relacionados con lograr poderes judiciales (en realidad, sus miembros) verdaderamente independientes así como con mecanismos institucionales que garanticen las sanciones (administrativas y/o judiciales, según corresponda), por nombrar algunos factores.

Por último, es necesario también destacar la necesidad de contar con actores de sociedad civil organizados, involucrados y dispuestos a demandar cuentas a sus gobernantes. En muchos casos, estas organizaciones cuentan con el “expertise” necesario para poder monitorear acciones gubernamentales que para la gran mayoría de los ciudadanos “de a pie” podrían parecer muy técnicas y complejas.

Compromisos en las Américas relacionados con anticorrupción con potencial de producir un impacto (Fuente: OGP Explorer)

En conclusión, no hay fórmulas mágicas. Muchos son los elementos y actores necesarios para implementar medidas que efectivamente permitan disminuir los altos niveles de corrupción en muchos países de la región. La AGA, incluido el recientemente creado Grupo de Trabajo sobre Anticorrupción, provee una plataforma ideal para poder incorporar una gran variedad de actores de diversos ámbitos. De todos modos, la incorporación de estos actores (que en muchos casos ya están trabajando en forma colaborativa) es solo el primer paso. Se debe trabajar en la inclusión de compromisos mas ambiciosos que promuevan cambios reales. Sin esos cambios, solo veremos mejoras parciales y aisladas. Resta que entre todos, cada uno desde su sector y en su país, promovamos y trabajemos para alcanzar cambios efectivos que mejoren la calidad de vida de todos los latinoamericanos.

Referencias:

Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. Development in Practice, 17(4-5), 663-671.

See more at: http://www.opengovpartnership.org/blog/ogp-webmaster/2016/06/01/la-lucha-contra-la-corrupci%C3%B3n-en-am%C3%A9rica-latina-requiere-de-una-mayor#sthash.dNzr5rly.dpuf

Construyendo puentes entre las comunidades de Acceso a la Información y Datos Abiertos

@Silvanavf

La cumbre de OGP fue oficialmente inaugurada el miércoles. Este día comenzó muy movido debido a “errores no forzados” del gobierno mexicano que decidió hacer de la apertura una reunión para invitados selectos, dejando a la gran mayoría de los representantes de sociedad civil con la opción de mirar solo un streaming en otro edificio.

Mas allá de ese comienzo accidentado, la cumbre propicio numerosos encuentros y charlas (quizás los mas interesantes se dieron en los pasillos, como suele suceder en estos eventos). Dentro de los sesiones organizadas para la cumbre tuve el placer de poder incluir una charla con dos de los coordinadores, Laura Neuman (Carter Center) y Mark Levene (Gobierno de Canadá), de los WGs de acceso a la información (AIP) y de datos abiertos, respectivamente.

La idea detrás de esta sesión fue la de intentar que las comunidades detrás de cada uno de estas áreas puedan buscar puntos de convergencia para planificar actividades/proyectos en conjunto. Crear puentes, canales de comunicación, como el nombre de la sesión así lo indica.

La justificación detrás de esta sesión se relaciona con la idea de que los datos son parte esencial de la información, con lo cual las posibilidad de solicitar y acceder a datos en formatos reusables (en concordancia con los avances en el área de las TICs) une los objetivos de  ambas comunidades. Siguiendo esta misma línea de pensamiento, es claro, como mencione en un post anterior, que la posibilidad de solicitar y acceder a datos que permitan su reutilización debería estar incluida en toda legislación sobre el acceso a la información pública.

En términos del formato de la sesión, se buscó priorizar la charla/conversación y no las presentaciones individuales. Por lo tanto, se evitaron los power points y largos discursos. Esto se debe a que todos los que hemos asistido a mas de un evento sabemos que la fórmula es algo así como: + # slides = + desinterés y/o + # de msn de whatsapp de los participantes...

La diferencia con el taller organizado durante el día de Sociedad Civil es que los invitados (Laura Neuman y Mark Levene junto a algunos miembros de sus respectivos WGs como Sarah Sison- Gob. de Filipinas-, Melanie Pustay -Gob. de EEUU- y Ezequiel Santagada- Idea) tuvieron tiempo para preparar sus participaciones iniciales. En ese sentido, ellos pudieron reflexionar en formar previa a la sesión sobre algunos puntos para después compartirlo con todos los participantes. De todos modos, la organización fue limitada ya que a los pocos minutos los participantes y los panelistas comenzaron a interactuar (y es cuando se realizan las mejores intervenciones, en líneas generales; cuando el libreto se deja de lado y las charlas se vuelven más espontáneas)

La charla comenzó con las intervenciones de Laura y Mark sobre las barreras que obstaculizan la interacción entre actores de las áreas del Acceso a la Información y de Datos Abiertos. Los puntos que se incluyeron fueron intencionalmente provocativos para generar la posterior participación de la audiencia (y si que lo lograron!).

Barreras:

Desde la perspectiva del Acceso a la Información Pública, algunas de las barreras que se plantearon fueron:

• La comunidad de datos abiertos esta muy enfocado en objetivos como innovación y crecimiento económico y deja de lado la rendición de cuentas.
• Esa comunidad se basa en datos que ya se encuentran proactivamente publicados. No piden acceso a datos mas sensibles políticamente.
• Se necesitan diferentes capacidades para hacer uso de la información y de los datos. Según Laura Neuman, en el caso de los datos abiertos la intervención de intermediarios es necesaria mientras que no es así en el caso del uso de las leyes de acceso a la información (y de la información obtenida).
• Los datos abiertos no reemplazan a las leyes de acceso a la información pública.

Esta claro que estas afirmación fueron hechas en un tono que provocara la reacción y discusión, ya que muchas de ellas no son totalmente correctas. Un ejemplo de ello es la necesidad de intermediarios para hacer uso de los datos abiertos y no así para hacer pedidos o para hacer uso de la información obtenida. La diferencia no es la ausencia o necesidad de intermediarios, sino los diferentes conocimientos/habilidades que se necesitan en cada uno de los casos.

Luego de la intervención de Laura, fue el turno de Mark Levene. Mark, al igual que Laura, también utilizó un tono provocador en sus afirmaciones. Él hizo hincapié en:

• La idea que el engagement (compromiso/ participación) y el diálogo son características intrínsecas al área de datos abiertos y no así de acceso a la información.
• Los intermediarios, tal como mencionaba anteriormente, son necesarios en ambos campos y no solo para hacer usos de los datos en formatos reusables.
• El área de datos abiertos permite que las personas que trabajan con esos datos le agreguen valor a los datos publicados. Los datos son la materia prima que luego permite generar valor.
• Los datos publicados en formatos abiertos pueden ser utilizados para múltiples usos (incontables, desde fines económicos, innovación, transparencia, etc.) mientras que el área del AIP suele siempre tener la rendición de cuentas casi como objetivo exclusivo.

Si bien algunos comentarios se hicieron en tono de broma, esconden algo de verdad. Muchos de los actores dentro de la comunidad de AIP se sienten que los recién llegados, los que trabajan en el área de datos abiertos, los tratan como "old school", anticuados. Por otra parte, desde el AIP, a veces, consideran que los actores de la comunidad de datos abiertos se enfocan en aspectos tecnológicos y de diseño y no tanto en temas de derechos, que ellos consideran mas relevantes para la sociedad. Cabe aclarar que estas descripciones son estereotipadas. En general, se pueden encontrar matices de estos estereotipos en ambos grupos pero aquí los he exagerado para poder comunicar mas claramente las ideas.

A pesar de que los panelistas y participantes no explicaron exactamente las razones de todas estas diferencias, es necesario acotar que se relacionan, entre otros elementos, con el trasfondo filosófico y profesional de los miembros de ambas comunidades. En el caso de la comunidad de datos abiertos la influencia de la ética hacker, entre otros, y en la comunidad de acceso a la información el énfasis legalista y un enfoque de derechos.

Luego de estas primeras intervenciones que, de alguna manera, construyeron algunos “muros” para la interacción, se paso a una segunda instancia donde los panelistas se concentraron en “construir los puentes” entre ambas comunidades.

Puentes:

Con la idea de pensar en oportunidades para la colaboración, los otros panelistas (Melanie, Sarah y Ezequiel) hicieron hincapié en la necesidad de contar con ambas áreas de trabajo, instrumentos para sacar provecho de la información y datos públicos.

En esta misma línea se mencionó que en un época en la cual la tecnología ha modificado cada aspecto de nuestras vidas, los datos abiertos han “modernizado”, así como adaptado, en algún sentido, el área de acceso a la información pública a estos tiempos.

Debido al tiempo limitado y el gran cantidad de participantes, la sesión fue un buen primer paso para plantear dudas y preguntas mas que para pensar en proyectos concretos. De todos modos, como señalé en un post anterior, si bien es necesario seguir reflexionado sobre diferentes puntos de convergencia y divergencia entre ambas comunidades, es momento de pasar a la acción, de pensar en proyecto concretos en los cuales estas comunidades puedan trabajar en forma conjunta.

Algunas reflexiones finales:

En las participaciones del público (así como también surgió en las discusiones del taller del día martes) se planteo un tema que vale la pena señalar. Es la idea de que la agenda de datos abiertos puede impedir algunos avances en materia de legislación de acceso a la información pública en países que todavía no cuentan con esas leyes (una especia de leapfrogging). Por otra parte, algunos especialistas del área de datos abiertos suelen señalar que con las políticas de datos al menos se puede acceder a parte de los datos públicos que los gobiernos generan y recolectan (se podría traducir en que “peor es nada”). Ambos razonamientos tienen algo de razón. Por un lado, en casos como Filipinas, como en otros casos, las leyes de acceso a la información siguen siendo analizadas pero no han sido aprobadas totalmente todavía, mientras que por otro lado las políticas de datos abiertos están siendo implementadas con cierto éxito.

Hay un punto en el que todos los participantes parecían coincidir, mas allá del área en el que trabajaban: “record/information management”. Ambos grupos parecen entender que no se puede pensar en el acceso o el uso/re-uso de datos e información si estos no se encuentran clasificados, archivados, actualizados, en los formatos correctos. Este es un punto que se planteo como una posible área que ambos grupos deben seguir explorando y trabajando, quizás en forma conjunta.

Otra área de mutuo interés, que no pudo ser explorada por las limitaciones de tiempo, es el área de la vigilancia (surveillance) y los riesgos para la privacidad. Ambas comunidades tienen un interés certero en trabajar en la protección de los derechos de los ciudadanos en una época en las que la invasión a la privacidad, en algunos casos, se enmascara en el marco de las políticas de datos abiertos. Así también cabe recordar uno de los puntos que se señaló en el taller del día de Sociedad Civil: es necesario también trabajar a nivel de los diferentes sectores (salud, educación, etc.), mas allá de los planteos generales de cada área.

Para finalizar, es claro que las comunidades de acceso a la información y de datos abiertos tienen muchos puntos en común, como así también algunas barreras que tendrán que superar para lograr una interacción más fluida. Esta sesión, así como también el taller, solo se propuso plantear el tema y acerca a los actores para que puedan conocer sus posturas. Resta que estas charlas se conviertan en proyectos y en acciones concretas.